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letzte Änderung:03.01.2011
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Privatización de la seguridad en la era de la globalización

El ejemplo de latinoamérica

Quien enarbole la bandera de reducir el Estado a un mínimo imprescindible, transforma así también inevitablemente el orden de seguridad. Eso se traduce en que ya en Estados Unidos hay tres agentes de seguridad privada por cada policía. Dentro del marco actual, la privatización de la seguridad aparece a lo largo y ancho del mundo como un acompañante lógico, si bien no siempre deseado, del neoliberalismo, que fue puesta en marcha en los Estados Unidos y Gran Bretaña bajo los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher respectivamente, y condujo a una transformación sistemática del orden de seguridad. Sin embargo, las formas en que se manifiesta esta privatización son tan distintas, y se remontan a precursores tan remotos en el pasado, que no es sostenible sujetar esta evolución solamente a la actualmente difundida y ampliamente practicada doctrina neoliberal y a sus secuelas para la actividad estatal.

El sociólogo alemán Trutz von Trotha ha desarrollado una tipología de órdenes de seguridad[1] Con el orden neodespótico describe primordialmente las condiciones actuales en la Africa postcolonial. Las relaciones en América Latina las caracteriza como un orden paraestatal. Éste se distingue por una cultura de la autoayuda violenta, que activamente tematiza la desigualdad socioeconómica y que engendra como ideología política de dominación, una cultura permanente de estado de excepción, con lo que se suprime a la autoridad judicial como institución independiente y como garante del Estado de derecho. Esto salta particularmente a la vista cuando el estado de excepción, como a menudo en el pasado, toma la forma de una dictadura militar y la arbitrariedad de la jurisprudencia se convierte en la norma.

Comparado con la evolución histórica en Europa, el proceso de la constitución del Estado en América Latina, al igual que en África, nunca terminó. Correspondientemente, en América Latina el monopolio estatal del poder, la autoridad y la violencia, sólo tuvo una vigencia parcial y tuvo que aceptar competir con distintas formas privatizadas de poder como fuerzas del orden. Sin embargo, la larga fase de industrialización sustitutiva de importaciones bajo tutela estatal en amplias regiones de América Latina engendró una extensa burocracia estatal y una compleja diferenciación institucional del Estado, que presentó muchos elementos de un orden propio del Estado benefactor y constitucional.

Sin embargo, la polarización socioeconómica y su correspondiente segmentación socioespacial de las sociedades que caracterizan América Latina, y que se concentran por incrementos en territorios urbanos, generan de múltiples maneras poder, autoridad y violencia privatizados, que logran regularmente integrar corruptivamente a la policía, a sectores del aparato gubernamental y a políticos. De esta manera las instituciones del Estado se transmutan en frontispicios constitucionales, imbricadas en un proceso de privatización del poder, la autoridad y la violencia y, reflexivamente, de la seguridad también.

Actualmente el proceso conduce en todos los casos a una nueva forma caracterizada por von Trotha como un orden de seguridad preventivo-oligopólico. Este nuevo orden se distingue por un crecimiento vertiginoso de la industria privada de seguridad y servicios afines, incluyendo las cárceles, que siguen siendo privatizadas. Órdenes comunitarios de control, que por su naturaleza misma siempre excluyen a otros, crecen en importancia, mientras que el discurso político sobre la seguridad es orientado hacia la prevención, fomentando la cero tolerancia y una extensa tecnificación de las medidas de seguridad. En este proceso, el monopolio estatal del poder, la autoridad y la fuerza, pierde su vigencia generalizada y es reemplazado por zonas segmentadas de seguridad bajo control privado. La seguridad como bien común se convierte por incrementos en un privilegio privado; se transmuta inesperada y repentinamente en una mercancía. Al final el poder individual de compra y la organización comunitaria determinan la seguridad. La uniforme posición del ciudadano ante la ley se convierte en ficción. Muchos indicios observables apuntan a que esta evolución es acelerada por las rupturas sociales que siguen a los procesos de globalización dentro del contexto de la aplicación de políticas económicas neoliberales. Las interrelaciones de actividad de estos procesos transforman la geografía social mundialmente; en Estados Unidos, en Europa, pero así también en los países con economías emergentes. Se configuran en todo el mundo centros "glocales" de aglomeración urbana, global cities, en donde los centros de mando organizan la economía mundial. Estos centros se acercan y asemejan mucho más entre sí, que a sus respectivos hinterlands. Importante para América Latina es el hecho de que en los centros glocales de aglomeración urbana de todo el mundo se configuran similares órdenes de seguridad, que dejan ver todos los rasgos característicos del orden preventivo-oligopólico. La hipótesis de trabajo plantea, por lo tanto, que los procesos de globalización transforman y homogeneizan mundialmente los órdenes de seguridad, siendo que las distintas situaciones históricas iniciales modifican las respectivas formas específicas en que se manifiestan. En cualquier caso empero se expande la industria privada de la seguridad, segrega y crea espacios ante las puertas de los sectores modernos, donde la seguridad está sustentada en órdenes de seguridad informales y criminales. El fin del "monopolio estatal de la violencia, la autoridad y el poder" adopta formas concretas a lo largo y ancho del mundo.

La transformación de América Latina

La heterogeneidad histórica de los países de América Latina se relativiza desde hace más de diez años por la tendencia uniforme hacia el debilitamiento absoluto de las finanzas del Estado central que resulta de la apertura del mercado, --obtenida por la fuerza--, y de la inclusión de las economías en la dinámica de la globalización. Los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) contribuyen a constreñir el margen de acción de la política económica de estos Estados, cuya consecuencia ha sido la externalización de facto, --siguiendo una tendencia mundial-- de esferas importantes de las atribuciones estatales de conducción económica. Esta fase fue precedida por un brote final de atribuciones de Estado nacional en forma de dictaduras militares, cuyos órdenes de poder, autoridad y violencia fracasaron empero en todos los casos, en el intento de forzar de manera duradera una apertura al mercado mundial bajo la extrapolación del aparato de Estado autoritario, generalmente inflado. La implosión general de los regímenes militares se debió ante todo a constreñimientos y fuerzas económico-sistémicos. A la deconstrucción de la represión estatal correspondió a su vez la acelerada privatización del poder, la autoridad y la violencia, y por lo tanto de la seguridad. La democratización del Estado estaba vinculada a una notable reducción de su alcance, sobre todo por la disminución de recursos, debido a que la continuada acumulación de la pirámide de la deuda había alcanzado sus límites durante la fase autoritaria. Por otra parte, la fuerte pérdida de competencia económico-redistributiva del Estado fue acompañada de una expansión permanente de la economía informal. Las formaciones extra legales de poder, autoridad y violencia de la fase dictatorial se transformaron en adelante en herramientas de poderosas agrupaciones mafiosas que, apoyadas en la violencia, fueron controlando los sectores informales y penetrando, apuntaladas en la corrupción, en la economía regular, frente a lo cual el Estado, debilitado y propenso a la corrupción, se hallaba y se halla en gran medida impotente.

Con el fin de la guerra fría, el abismo social se ensanchó en la mayoría de los países, creció el apartheid de la pobreza, empeoraron las oportunidades para la mayor parte de las nuevas generaciones, y el peligro de muerte violenta no disminuyó con la terminación de las guerras civiles. En el caso de los Estados centroamericanos, se trata ahora, sin excepción, de Estados "rentistas", cuya existencia está sustentada en flujos de dinero provenientes del exterior, y que no cumplen con los clásicos atributos mínimos necesarios de un Estado[2] No está en condiciones de recaudar los impuestos mínimamente necesarios para asegurar su funcionamiento, y está más lejos que nunca del ejercicio del monopolio del poder, la autoridad y la violencia. Por consiguiente, sólo condicionadamente se puede hablar de economías de mercado, porque falta ante todo la seguridad jurídica necesaria para un mercado funcionante. La corrupción y a menudo la violencia se transforman en los instrumentos regulativos constitutivos de las transacciones económicas.

El Estado en la lucha por su existencia se encuentra aquí ante un doble dilema. Por un lado, para predominar en la competencia internacional ofrece localmente las condiciones más rentables, la política de "lugar óptimo" [Standortpolitik] [3] del erario público financia frecuentemente infraestructura vasta y muy costosa, y además renuncia durante un largo periodo de tiempo al derecho de recaudación normal de impuestos y a otros privilegios soberanos. Por el otro lado, simultáneamente el Estado intenta compensar su debilidad mediante uniones y asociaciones internacionales, y externaliza así sus competencias y atribuciones.

Estructuralmente forzada por los mercados financieros, la externalización de la atribución del Estado y su competencia, para decidir e implementar políticas económicas, conduce a un debilitamiento fatal de las posibilidades de maniobra, precisamente en el momento en el que, después de una larga fase de regímenes autoritarios, los gobiernos democráticamente electos tendrían que legitimarse a través de servicios y obras públicas de integración social. En lugar de eso, los gobiernos están condenados a administrar o, incluso, propulsar la agudización de la segregación social.
Los polos dinámicos, aquellas regiones glocales participantes en la economía globalizada, no tienen ningún potencial para impulsar un proceso económico-integrativo de desarrollo, que le ofreciera a cada persona apta para laborar la perspectiva de contribuir a su propia reproducción mediante trabajo en la sociedad. Es imposible aprestar y proveer la infraestructura que sería necesaria para detener la desarticulación y pauperización de la gran mayoría de la población latinoamericana, porque la participación en la economía global exige, incluso para sus límites periféricos más marginales y sencillos, infraestructura moderna y capital social que no se reproduce suficientemente en los espacios del apartheid de la pobreza. Más aun, para la gran mayoría de la población joven probablemente sea válido que la participación en la cultura del consumo masivo, permanentemente vivenciada visualmente, sólo es alcanzable por la vía indirecta de actos criminales. Se puede caracterizar la realidad dinámica de las economías latinoamericanas polarizantes como un dualismo simbiótico de nuevo tipo. Con este concepto se englobaría por un lado la expansión recíprocamente determinada de los espacios económicos glocales y, por el otro, los espacios económicos informales, ilegales y criminales. Paralelamente vale subrayar que cada polo respectivo depende funcionalmente del otro, aunque no para desplazarse hacia una meta integrativa.

Desregulación y exclusión social

A la larga, los Estados latinoamericanos no pudieron evadir la presión desreguladora[4] de tal manera que sectores de capitalismo estatal de dimensiones casi soviéticas, como en el caso de México, y las burocracias que los administraban, cayeron presos de la privatización. Lo que puede observarse en Rusia como un enriquecimiento cleptómano mediante una alianza entre la nomenklatura y los tiburones de las finanzas, ha acompañado de forma modificada también a los procesos de privatización en numerosos Estados latinoamericanos. Es verdad que en América Latina los especuladores privados han tenido que arreglárselas en escala mucho mayor con los consorcios transnacionales, porque la apertura económica ha tenido lugar de manera mucho más extensa y completa, y no ha conocido casi restricciones a las inversiones de capital provenientes del exterior. A la lógica económica de los sectores glocales, que permanentemente se encuentran en una competencia recíproca cada vez más aguda para convertirse en, o en su caso, preservarse como lugar óptimo, se contrapone el interés vital del Estado de recaudar impuestos para financiar sus actividades, al tiempo que es un atributo estructural de los sectores informal y criminalizados, estar casi fuera del alcance del Estado. Por ende puede pronosticarse que de seguir la dinámica actual, las perspectivas no son buenas para la creación de las condiciones previas necesarias para el funcionamiento de un Estado funcionalmente capaz, de cara a la seguridad general, al orden público y a su capacidad para reducir la pobreza.

El desempleo aumenta de nuevo, la desigualdad social se agudiza, reforzando y fijando el apartheid de la pobreza para un gran sector de la población. Estadísticas comparativas muestran claramente que la heterogeneidad en el mercado de trabajo y la polarización social se aplican precisamente a las industrias sobrevivientes, radicalmente reestructuradas y abiertas al mercado mundial, y que aquéllas --la heterogeneidad y la polarización-- de ninguna manera pueden ser descartadas como reliquias de la pasada fase proteccionista de sustitución de importaciones. En una escala mundial de diferencias salariales entre cuerpos directivos y empleados de empresas, Venezuela, Brasil y México ocupan los primeros tres lugares[5]

La seguridad de la localidad forma parte de la competencia por el lugar óptimo. Por eso son canalizados a las "zonas y regiones glocales" los recursos estatales utilizables, incluyendo el personal de seguridad disponible, en detrimento del resto de la sociedad. El Estado está más que dispuesto a ceder sus atribuciones soberanas a favor de soluciones a los problemas de seguridad por la vía de la economía privada. Así surgen paso a paso zonas extra territoriales de seguridad, controladas casi exclusivamente por las empresas. Esto tiene ya una larga tradición en el sector de la extracción de petróleo y en el aseguramiento de las vías de transporte, donde regularmente se llega a un entrecruzamiento estrecho entre los servicios de seguridad del Estado e intereses privados.

Las zonas francas de producción para la exportación y las maquiladoras son de interés en atención a la privatización de la seguridad, entanto que se trata de la forma más avanzada de producción globalizada, donde el Estado nacional es reducido al papel de una sociedad de vigilancia de inmuebles de las zonas extra territoriales, que asegura la inviolabilidad de éstas, en cuyo interior, en contraste, la soberanía absoluta --como al inicio del capitalismo histórico-- reside directamente en las manos de las respectivas empresas. Aquí también se pueden observar elementos de un dualismo simbiótico. El Estado nacional que se excluye a sí mismo reproduce sin contraprestación, (por ejemplo, sin recaudar impuestos), el capital social, que es acaparado a tasa cero [6] Por otro lado, los mismos sueldos pagados son un recurso indispensable para las familias que en su mayoría viven en el apartheid de la pobreza, fuera de las zonas francas de producción para la exportación.

Paralelamente a esto, el comercio internacional de las drogas y de contrabando de todo tipo (por ejemplo, Paraguay) ofrece campos de acción para grupos criminales que, a su manera, actúan también globalmente. Simultáneamente empero, el lucrativo comercio de drogas sirve como base económica y organizativa para una ampliación de los campos de actividad a todos los sectores de la economía. La criminalidad organizada que se expande así no tiene ningún problema de reclutamiento; puede recurrir a una reserva casi ilimitada de oferentes de mano de obra [7] Mucho más allá del comercio de drogas, el crimen organizado logra absorber y controlar transacciones económicas de todo tipo.

Es particularmente grave el hecho de que las dislocaciones de la economía en su devenir conducen a que el Estado pierda su capacidad de recaudar impuestos. Si esta tendencia no se deja revertir, habrá que suponer, a propósito de la evolución ulterior de los órdenes de seguridad, que el Estado no podrá para nada hacer contribuciones esenciales a la seguridad de sus ciudadanos y tampoco se desplazará en dirección hacia un orden de seguridad propio de un Estado benefactor y constitucional. Se desarrollan en cada país, acorde con sus respectivas especificidades diversas, tres polos socioeconómicos de gravitación de cuño diferenciado.

El primer polo lo constituyen los grupos hegemónicos que han eslabonado sus intereses a los mercados financieros globalizados. El segundo polo abarca a la gran masa poblacional de la economía informal desacoplada, caracterizada a su vez por una extensa heterogeneidad y, por ende, políticamente poco dispuesta a la organización y a la acción. Esta masa es imprescindible tanto para los grupos hegemónicos como para el crimen organizado, como ejército de reserva de mano de obra a ser llamado a discreción. El tercer polo, el crimen organizado, es menos un polo independiente que más bien un proliferante hongo que reviste o penetra los otros dos polos. Una vez que prende en un Estado débil puede, debido a la extraordinaria demanda existente en el comercio internacional de drogas, consolidarse sólidamente y atacar y "ahuecar" permanentemente los pilares fundamentales del orden estatal de seguridad. En una etapa avanzada, el crimen organizado fija normas propias que compitan contra el orden estatal.

En su interacción dinámica, estos tres polos conforman de hecho un nuevo orden de seguridad, constituido por empresas privadas regulares de servicios, por autoayuda comunitaria, por órdenes de seguridad sustentados en la fuerza y la violencia y, finalmente, por agentes usurpados de los restantes órganos estatales de seguridad.

Un dilema de la democratización en América Latina

Primero es necesario comprender que, paralelamente a las agencias estatales encargadas de hacer prevalecer el monopolio del poder, la autoridad y la violencia, y de apuntar hacia un entorno seguro, ha habido en todos los tiempos actividades policiacas privadas que fueron dominantes hasta muy entrado el siglo XIX. Así en perspectiva histórica se puede hablar hoy de una reprivatización de la seguridad [8] En América Latina, la evolución del Estado constitucional y el hacer prevalecer el monopolio estatal del poder, la autoridad y la violencia, se quedaron muy rezagados frente al tipo ideal de Estado benefactor europeo, y en ningún momento penetraron realmente los espacios rurales. Durante una larga fase de regulación orientada hacia el mercado interno de la economía a través de la sustitución de importaciones, los recursos estatales no dieron para más, de tal suerte que de manera casi generalizada en América Latina el orden constitucional en desarrollo fue sustituido por órdenes hegemónicos de seguridad de carácter autoritario. Los órganos estatales que participaron en esto, las fuerzas armadas, la policía, los servicios de inteligencia, se hicieron a menudo autónomos durante este proceso de control represivo y constituyeron por ende un obstáculo en la reconstrucción del control político democrático que comenzó a operar en la década de los ochenta. En algunos países estos órganos de control represivo se convirtieron en el foco del crimen organizado [10] y casi siempre obstaculizaron sistemáticamente las medidas fundamentales para la expansión y desarrollo de la constitucionalidad democrática del Estado de derecho.

Durante la fase de democratización los gobiernos no pudieron satisfacer las expectativas a propósito de garantizar servicios policiacos confiables, porque las instituciones existentes estaban desacreditadas y faltaban recursos financieros para la implementación de reformas profundas y amplias.

Empero la democratización trajo consigo también una transformación del discurso dominante sobre la criminalidad. Los regímenes autoritarios tendían a callar su control deficiente de ésta y a controlar concomitantemente los medios masivos de comunicación. Si estas medidas resultaban insuficientes, los actos criminales comunes eran declarados acciones políticas de la oposición que amenazaba al Estado.

La democratización ha ido de la mano con la privatización y la desregulación de la economía, y con ello, también de los medios masivos de comunicación. En consecuencia, esto conduce a un periodismo sensacionalista desenfrenado en los medios masivos de comunicación que compiten por cuotas de mercado. En esto la dramatización de la criminalidad violenta desempeña un papel sobresaliente. Correspondientemente es esbozado un cuadro distorsionado de la situación individual de seguridad, y se atiza el miedo a la criminalidad que se concretiza en una demanda de medidas privadas de seguridad, que sobrepasa por mucho la situación real de amenaza. Este proceso desarrolla una dinámica propia, porque las medidas privadas de seguridad siempre aumentan el riesgo para otros y así, conducen a una competencia armamentista privada de equipamiento pasivo y activo, atizada por los oferentes de tecnologías y servicios de seguridad.

La relación entre ingresos económicos y riesgo de ser objeto de un crimen actúa de manera inversamente proporcional. Cuanto más pobre, mayor el riesgo de se víctima de una acción criminal. Además, vale anotar que la relación entre delitos cometidos registrados y delitos realmente cometidos se caracteriza en América Latina por una extrema distorsión específica de clase social.

En las zonas de pobreza de las grandes ciudades, se opta generalmente por no presentar denuncia ante las autoridades porque no se espera nada o peor, quizás incluso inconveniencias. Organizaciones comunitarias de auto protección y el sometimiento a la dominación de regímenes locales criminales son la reacción trágica al fracaso de las agencias estatales de seguridad. A estas formas de proveer seguridad le corresponde la privatización integral de la seguridad en las capas de ingresos más altos. Estas formas estabilizan empero los órdenes criminales de seguridad sustentados en la violencia, que caracterizan el apartheid de la pobreza en partes extensas de América Latina. La actividad policiaca en estas regiones es un factor de criminalidad, porque la policía se las arregla con la estructura criminal y participa dentro de ella[10] o se limita a campañas y operativos en este territorio enemigo, que son constitucionalmente inaceptables.

Formas de privatización: ejemplos

La gama de formas de privatización de la seguridad se amplía permanentemente en la medida en que el orden de seguridad propio de un Estado benefactor y constitucional, como objetivo del desarrollo sociopolítico dentro del mercado de un Estado Nacional, cede ante la primacía de la lógica económica orientada globalmente y ante sus ineludibles consecuencias socioestructurales. Lo que los sociólogos llaman la mercantilización [commodification] de la seguridad es una evolución de orientación proactiva de nuestro entorno hacia la así llamada prevención de la criminalidad. La revolución tecnológica en la informática ha conducido a un aumento explosivo de las posibilidades de control social. Los medios del Estado de derecho muestran a la larga ser probablemente insuficientes para oponerse a la aplicación de este potencial tecnológico en crecimiento, debido a las estrategias empresariales de reducción de riesgos. Esta afirmación es tanto más válida para América Latina, porque ahí las tradiciones constitucionales de Estado de derecho sólo están débilmente formadas. Por eso es de esperarse que los "sitios glocales" en Latinoamérica se conviertan en campos experimentales para la mercantilización integral de la seguridad a escala posorwelliana, tan pronto cuadre con los respectivos cálculos empresariales[11]

En América Latina, la separación radical de mundos de vida entre perdedores y ganadores del proceso de globalización probablemente ha alcanzado dimensiones que dejan atrás al prototipo estadunidense.

La segregación del espacio social y el consecuente desencadenamiento de una polarizante dinámica propia de la economía de esos mundos de vida, están muy avanzados y moldean la arquitectura de reclusión de los ganadores, cuya orientación cultural desnacionalizada imita al mundo de los super ricos de Estados Unidos y Europa. En este proceso, el espacio público es sistemáticamente privatizado y transformado en un idilio de impecable ciudad pequeña, en la que no hay limosneros ni otro tipo de indicios de la sociedad excluida. Las ciudades en América Latina están en vías de convertirse en un conglomerado de distintas fortalezas para cuya protección de fronteras se requieren permanentemente inversiones cada vez mayores en construcción y en la adquisición de la tecnología preventiva más moderna de seguridad. Derivado de esto se ha desarrollado un significativo factor dinámico en la economía. El dicho inglés "mi hogar es mi castillo" [my home is my castle] se transforma en siniestra realidad posmoderna para todos quienes lo pueden pagar.

En aquellas capas sociales donde los ingresos no permiten comprar seguridad en el mercado comercial como mercancía o como servicio, o mediante el soborno de actores estatales, existe un alto riesgo de ser objeto de actos criminales. Ocasionalmente, los sucesos en los espacios sociales y la coherencia social de auto protección comunitaria permiten organizarse sobre principios de reciprocidad. Sin embargo, grupos criminales dispuestos a usar la violencia logran frecuentemente predominar sobre las organizaciones comunitarias.

Puesto que los mundos de vida de las diferentes capas sociales no se dejan separar completamente vía inversiones debido a los requerimientos funcionales del tipo actual de sociedad (por ejemplo, servidumbre), el sector de servicios privados de seguridad se expande permanentemente. En virtud de que el mundo de vida de los ganadores recurre de manera constante a los servicios más baratos proporcionados por personas que habitan las regiones del apartheid de la pobreza, se dan forzosamente muchas situaciones que requieren del personal de vigilancia. Pero incluso en este sector intensivo de mano de obra rige una competencia permanente entre la mercantilización y la utilización de personal.

Por su remuneración permanentemente baja, es común que los policías tengan un segundo empleo trabajando para agencias privadas de seguridad. Los conflictos de intereses derivados de esta situación son resueltos naturalmente a favor de la optimización de los policías afectados, lo que debilita aun más la capacidad de servicio del aparato policiaco. Si a esto se agrega la notoria sobornabilidad de los aparatos policiacos latinoamericanos y su integración al mundo criminal, por ejemplo al comercio de drogas, puede decirse en general que el aparato policiaco proporciona servicios a quienes están dispuestos a pagar y tengan los recursos para hacerlo; otra forma de privatización de la seguridad.

Sin embargo, existen también los así llamados grupos parapoliciales que confrontan un percibido aumento en la criminalidad con una contraviolencia expansiva que llega hasta los linchamientos. Esta forma militante de privatización de la seguridad se desarrolla sobre todo en el medio de los comerciantes, pequeños empresarios y terratenientes tradicionales que por un lado, se sienten amenazados por los de abajo y, por el otro, simultáneamente son impedidos de participar en el auge de los "sitios glocales".

A menudo se involucran grupos parapoliciales, constituidos frecuentemente por personal a sueldo, en actividades criminales de robo. El punto de partida es una violenta lucha de clases desatada por los de arriba cuyo fin es la exclusión social de otros grupos sociales, por medio del empleo de métodos sustentados en la violencia. El anticomunismo y la discriminación étnica son los pretextos ideológicos predilectos de las agrupaciones parapoliciales. El medio preferido son actos terroristas demostrativos que propaguen el clima de miedo.

La transición de formaciones de grupos parapoliciales al crimen organizado, que a su vez ejerce poder territorial, es fluida. En zonas extensas de América Latina el chantaje de la venta de protección, la industria del secuestro y el negocio de las drogas están tan establecidos que reclaman zonas absolutamente controladas por ellos, donde instalan regímenes de seguridad sustentados en la violencia, que les garantizan la lealtad necesaria, si bien forzada, de los habitantes de su entorno operativo.

Las agencias de seguridad

La separación de mundos de vida dentro del Molok de las megalópolis es llevada a cabo con la ayuda de los servicios privados de seguridad. Este sector está dominado en América Latina sobre todo por consorcios transnacionales con sus sedes en Estados Unidos, Gran Bretaña o Suecia. Este autor dispone desgraciadamente sólo de indicios dispersos sobre la magnitud de la industria privada de seguridad en América Latina. Así pareciera que para Argentina, este sector fue iniciado durante la dictadura militar (1976-1983) por los servicios de inteligencia, con el propósito de recabar información. Entretanto se calcula en aproximadamente 100 mil el número de ocupados, muchos de ellos militares y policías en activo con doble empleo. En México y Brasil las cifras correspondientes son significativamente mayores. De los informes de las empresas líderes mundialmente (Wackenhut, Securitas, Securicor, Group 4, Defence Systems Ltd., Control Risks Group) se desprende que todas están activas en Latinoamérica y se expanden de manera superior al promedio. En el Informe Fredonia sobre el ramo para Europa oriental se informó, a mediados de la década de los noventa, que América Latina ocupaba el segundo lugar más alto de crecimiento anual, más del 12 por ciento, en el rubro de seguridad privada[12]

Los sectores informales son zonas de apartheid económico. Se caracterizan por la ausencia del Estado como garante del marco jurídico del mercado. De ahí que forzosamente, por así decirlo, se desarrollan estructuras criminales de poder que controlan el acceso al mercado de los sectores informales y "recaudan impuestos" parasitariamente. En los sectores informales la violencia se convierte en medio de reproducción y dirige las transacciones económicas. El control territorial es ejercido por bandas que llenan el vacío generado por el repliegue del Estado.

Ensayo de pronóstico

Las macrotendencias en América Latina exigen una intervención capaz por parte del Estado, si no se quiere que la democratización política devenga en una mampara para un proceso social de desintegración sin fin, que se manifiesta ya en un cúmulo de fortificaciones sociales --reales y virtuales. El concepto de dualismo simbiótico para caracterizar las economías latinoamericanas apunta a una tríada de circulación económica recíprocamente interconectada. Este concepto podría evidenciarse como un modelo de explicación congruente con la realidad.

Hay, en primer lugar, las "islas glocales" de producción integradas al mercado mundial que sobreviven como resultado de las reestructuraciones profundas de industrias originalmente funcionalizadas para la sustitución de importaciones, que en el caso específico de la producción de las maquiladoras y de las zonas francas de producción se expanden selectivamente. Su vitalidad es determinada por los mercados globales de capital financiero.

En segundo lugar están los enormes océanos de economías informales que garantizan la sobrevivencia de las grandes masas que viven en el apartheid de la pobreza. La evolución demográfica, la migración interna y la escasa capacidad de absorción de la economía regular determinan un crecimiento estructural permanente de la economía informal en los espacios vitales urbanos.

En la carrera de competencia por cuotas del mercado mundial, el Estado se ve forzado a hacer inversiones previas, a subsidiar y a renunciar a la recaudación regular de impuestos[13] El rasgo característico de la economía informal es que se encuentra en gran parte allende los límites del control estatal, también en lo que se refiere a la recaudación de impuestos. Por lo tanto, el dilema del Estado latinoamericano se encuentra en su incapacidad para recabar los recursos necesarios.

El tercer elemento de la tríada lo constituyen los sectores criminales de las economías de Latinoamérica. Como la niebla, envuelven y penetran tanto los sectores informales como también el Estado y la economía formal. Si el dualismo simbiótico de economía regular e informal es lo que caracteriza a América Latina, entonces el sector criminal es el trabajador fronterizo que controla los procesos de intercambio de ambos polos, así por ejemplo, con el comercio de drogas. La criminalidad organizada tiene que tener, por así decirlo, una identidad doble como precondición para su existencia. Sus campos primarios de operación y reclutamiento son los sectores informales; su meta empero es penetrar en la economía regular y colocar ahí, hasta donde sea posible, sus ganancias. Esto significa para los reguladores burocráticos de la economía regular una oferta permanente de sobornos y corrupción, y para empresarios alcanzados por una crisis económica, la oportunidad de sanear de pronto sus finanzas por medio de la colaboración con la criminalidad organizada. Para esta tríada no existe ciertamente ningún estado de equilibrio. Más bien, las interferencias criminales permanentes en los mercados agudizan la polarización social, destruyen la confianza en la capacidad reguladora y aseguradora del Estado, y empujan a todos los actores a recurrir a la autoayuda. En las zonas del apartheid de la pobreza los órganos de seguridad no son la solución a las amenazas de inseguridad, sino parte del problema.

La evolución de la economía de mercado en Latinoamérica está limitada a un segmento social más o menos grande. Los ataques criminales incesantes y la corrupción latente incrementan continuamente los costos de transacción de las economías regulares de los países latinoamericanos. Simultáneamente empeoran las perspectivas tanto más, que permanentemente nuevos grupos de hombres jóvenes son empujados a desempeñarse criminalmente y a hacer de la violencia armada un medio de reproducción.

Actualmente no es reconocible un viraje de estas dinámicas. La cirrosis del Estado central organizado con el que estamos familiarizados se seguirá extendiendo, incluso si se lograra desecar la economía de las drogas.

(traducción del alemán: Stephen A. Hasam.)
Título original: Privatisierung von Sicherheit im Zeitalter der Globalisierung: Das Beispiel Lateinamerikas

Notas a pie de página

[1] La tipología de von Trotha diferencia entre cinco "formas de órdenes del poder, la autoridad y la violencia": el orden neodespótico, el paraestatal, el post Kephal-constitucional (Melanesia), el orden de Estado benefactor constitucional y el oligopólico-preventivo actualmente en configuración. Trutz von Trotha, "Ordnungsformen der Gewalt oder Aussichten auf das Ende des staatlichen Gewaltmonopols" en: Brigitta Nedelmann (ed.): "Politische Institutionen im Wandel", Sonderheft 35 de la revista Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen, Westdeutscher Verlag, pp. 129-166.

[2] El Estado ruso actual constituye el ejemplo más extremo de un Estado "rentista" que vive predominantemente de flujos provenientes del exterior en la forma de créditos.

[3] (N.del T.) Sobre la "política de lugar óptimo" véase Joachim Hirsch, Der nationale Wettbewerbsstaat: Staat, Demokratie und Politik im globalen Kapitalismus, Cap. III, Berlín-Amsterdam, Edition ID-Archiv, 1995; o la excelente síntesis en español en Joachim Hirsch, Globalización, capital y Estado, México, D.F., Departamento de Relaciones Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, 1996, pp. 83-132.

[4] Sebastian Edwards, Crisis and Reform in Latin America: from Despairs to Hope, Oxford, Oxford University Press, 1995.

[5] Tony Jackson, "The Fat Cats Keep Getting Fatter", The Financial Times, 1/2 de agosto de 1998, p. 7.

[6] (N. del T.) La tasa cero es frecuentemente superada incluso por una política activa de subsidios estatales a los consorcios, como lo ha documentado Arturo Ortiz Wadgymar: para el caso de las maquiladoras mexicanas éstos ascendieron a más de 12 mil millones de dólares en 1997. Arturo Ortiz Wadgymar, "El nuevo proteccionismo en la industria maquiladora en México", mimeo, México, D.F., Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.

[7] Van de Felde, "The Growth of Criminal Organizations and Insurgent Groups Abroad due to International Drug Traffiking", en Low Intensity Conflict & Law Enforcement, Vol. 5, Nr. 3, 1996, pp. 466-483.

[8] Roger Matthews, "Privatisation and Social Control and the State", en Sack, 1995, pp. 56-69.

[9] Maurice Lemoine, "Disparitions, Répression, Impunité: En Amérique latine la sale guerre perdue", en Le Monde Diplomatique, Février 1996, p. 16.

[10] Graham H. Turbiville Jr., "Law Enforcement in the Mexican Armed Forces: New Internal Security Missions Challenge the Military", en Low Intensity Conflicts & Law Enforcement, Vol. 6, No. 2, pp.69-83.

[11] (N. del T.) Para un pormenorizado análisis de las nuevas tendencias en tecnologías posorwllianas de control social y político, previas incluso al 11 de septiembre de 2001, véase: Steve Wright (Omega Foundation, Manchester, GB): "An Appraisal of Technologies of Political Control", Documento de Trabajo (PE 166 499), Directorado General Para Investigación, Directorado B, Programa: Scientific and Technological Options Assessment (STOA), Parlamento Europeo, Luxemburgo, 6 de enero de 1998.

[12] Estos informes del ramo cuestan entre 5 mil y 10 mil marcos y no están disponibles en las bibliotecas públicas. Véase: "Markt für Sicherheits- und Schutzdienste boomt", en Nachrichten für den Außenhandel, 7 de septiembre de 1994. Para Argentina véase: "El debate sobre la seguridad privada", en SER en el 2000, (Sección Interés Empresarial), No. 10, 1997, Buenos Aires, pp. 1-19.

[13] (N. del T.) Los Estados actuales en carrera por convertirse en lugares óptimos para la valorización del capital vía subsidios a éste, el desmantelamiento del Estado benefactor y la desdemocratización dentro de los márgenes